San José, 4 oct (EFE).- Al menos 19 religiosos nicaragüenses, entre ellos el obispo encarcelado Rolando Álvarez y el obispo exiliado Silvio Báez, y otros 14 sacerdotes, han sido declarados «traidores a la patria» y despojados de su nacionalidad, según un estudio presentado este miércoles de forma telemática.
La IV entrega del estudio titulado «Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?», de la investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina, indica que los 19 religiosos privados de su nacionalidad (2 obispos, 14 sacerdotes, 1 diácono y 2 seminaristas) forman parte de los 667 ataques que ha sufrido la Iglesia católica de Nicaragua por parte del Gobierno que preside Daniel Ortega en un período de 5 años y 4 meses.
Esos ataques, ocurridos entre abril de 2018, cuando estallaron unas manifestaciones antigubernamentales en ese país, y agosto de 2023, incluyen el arresto del obispo Álvarez, quien fue condenado en febrero pasado a 26 años y 4 meses de prisión por delitos considerados traición a la patria, tras negarse a abandonar Nicaragua.
Molina detalló que hasta el 31 de agosto pasado hay un obispo y 8 sacerdotes encarcelados en Nicaragua, y otros 3 religiosos se encuentran bajo investigación, entre ellos el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes.
Asimismo, la investigadora sostuvo que «151 religiosos han sido perjudicados por la persecución de la administración pública Ortega Murillo» a través del exilio forzado, destierros, prohibición de entrar a Nicaragua o expulsiones del país.
Entre ellos mencionó el caso del nuncio apostólico en Nicaragua, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, quien fue expulsado por el Gobierno sandinista en marzo del año pasado, y el del obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, quien abandonó el país en 2019 por razones de seguridad y a petición del papa Francisco.
Molina dijo que los principales afectados con esas medidas han sido 83 monjas o hermanas religiosas de diversas congregaciones y 58 sacerdotes, quienes han sido expulsados de Nicaragua o se han visto obligados al exilio, principalmente.
Asimismo, según el estudio, 13 propiedades pertenecientes a la Iglesia católica han sido «confiscadas» por el Estado de Nicaragua, pese a que el artículo 44 de la Constitución Política prohíbe la confiscación de bienes.
El Estado, además, ha cerrado de forma «arbitraria» 4 universidades, 2 institutos, 15 medios de comunicación, 7 congregaciones religiosas y 11 proyectos y obras sociales de la Iglesia católica nicaragüense, precisó Molina.
El estudio, dividido en 4 capítulos, también detalla la prohibición de 3.240 procesiones, la mayoría durante la pasada Semana Santa.
Según el estudio, en 2018 se documentaron 90 hostilidades contra la Iglesia, 84 en 2019, 62 en 2020, 55 en 2021, 171 en 2022 y 295 hasta agosto de 2023, el cual calificó como «el año más funesto para la Iglesia católica» en el país centroamericano.
Entre los tipos de ataques registrados, la investigadora mencionó asedios, represiones a religiosos, impedimentos de ingresar a templos, cierre de ONG y medios de comunicación católicos, prohibiciones de las actividades religiosas, pintadas y mensajes de odio, robo y profanaciones y represiones a laicos, entre otros.
Molina, que sufre exiliado forzado y es miembro del Consejo Editorial del diario La Prensa, de Nicaragua, dijo durante la presentación del estudio que han sido los mismos laicos quienes han documentado las agresiones a la Iglesia católica.
No descartó que el número de agresiones sea mayor, debido a que «hay una escasa o nula denuncia por parte de las autoridades religiosas y el creciente temor y prudencia de los laicos o miembros de grupos religiosos para documentar las hostilidades».
En el caso de las iglesias evangélicas, el estudio registró 70 ataques, principalmente cierre de ONG cristianas y decomiso de sus bienes, represión contra pastores, y cierre «arbitrario» de medios de comunicación, universidades y proyectos sociales.
«La Iglesia católica y la Iglesia cristiana evangélica está siendo cruelmente perseguida por la dictadura sandinista», sostuvo Molina.
Las relaciones del Gobierno de Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, o la prohibición de actividades religiosas.
El papa Francisco tildó de «dictadura grosera» al Gobierno sandinista en una entrevista con Infobae, señalando «un desequilibrio de la persona que dirige» el país centroamericano.